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Fue una “ganga” comprarle a la familia Barbachano en 220 millones de pesos sus 83 hectáreas en las que se asientan los principales edificios prehispánicos de la zona arqueológica de Chichén Itzá, afirmó este martes en rueda de prensa Jorge Esma Bazán, director del Patronato de Servicios Culturales y Turísticos del estado de Yucatán (Cultur).

El gobierno estatal dio un anticipo de 80 millones de pesos. El resto lo pagará a 15 años. La suma se obtendrá “de los propios ingresos” que genere la zona, una vez que “se replanteen estrategias para una administración adecuada”, detalló Sergio Cuevas González, consejero jurídico estatal.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) siempre se negó a proporcionar a la prensa los datos del avalúo de esos terrenos, que en 2006 hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), pero se supo, por voz del propio director de ese organismo, Alfonso de Maria y Campos, que se habían tasado en 9 millones de pesos.

Esa cifra correspondía a la indemnización que los dueños recibirían en caso de realizarse una expropiación, recurso legal que nunca fue considerado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Los panistas querían a toda costa negociar para que los dueños donaran, cedieran a bajo costo o intercambiaran con ellos los terrenos donde se yergue la pirámide de Kukulkán y que estos fueran administrados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Inclusive se encargó a ese organismo, que dirige el hermano del secretario de Gobernación, Miguel Gómez Mont, que elaborara un proyecto para instalar en Chichén Itzá campos de golf, spas, hoteles y demás infraestructura turística.

El INAH se congratuló ayer por la compraventa que realizó el gobierno priísta de Ivonne Ortega y afirmó que “lejos de ser una amenaza es un signo positivo” para “reordenar” ese sitio prehispánico.

No obstante, el gremio de artesanos de la zona no se explica por qué el gobierno federal no expropió los predios, solicitud que desde hace años han hecho a las autoridades correspondientes y que ha sido avalada por legisladores federales.

Villevaldo Pech, asesor jurídico de los comerciantes de Chichén Itzá, denunció que el gobierno de Yucatán y Cultur “pretenden aislarnos con todo el pueblo Pisté al cambiar la entrada a la zona arqueológica y construir una carretera entre esta última localidad y Yodzonot, pasando por un nuevo museo, hasta entroncar con el hotel Mayaland (propiedad de los Barbachano), muy lejos del lugar que ocupamos; nuestra vida comercial y productiva se acabará”.

Con esta transacción, Yucatán tiene ya una deuda de 2 mil millones de pesos con la banca privada. En el último trimestre de 2009 el Congreso estatal, dominado por la mayoría de diputados del PRI, aprobó fast track que el gobierno solicitara un préstamo de mil 820 millones de pesos para solventar deudas a proveedores, garantizar el gasto corriente del organigrama oficial y costear compromisos contraídos con la empresa Televisa en la promoción de la imagen de Ivonne Ortega, entre otros asuntos.

Los Barbachano no vendieron la totalidad de sus tierras, ubicadas en una de las zonas arqueológicas más importantes del país. Sólo comerciaron 83 de las 661 hectáreas que poseen.

El anuncio de la transacción se hizo cinco días antes de que se realice el concierto de Elton John al pie de la pirámide de El Castillo, misma que fue objeto de lucro en la campaña comercial privada Nuevas Siete Maravillas del Mundo, que promovió hace tres años el millonario suizo Bernard Weber.

El gobierno de Yucatán espera que en ese mismo “escenario” se presente en los próximo meses el ex beatle Paul McCartney, en un espectáculo que organiza en colaboración con empresarios privados.

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/31/index.php?section=cultura&article=a36n1cul

PAULO ALEXANDRE MONTEIRO

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