saqueo en
los fondos marinos
Guerra al expolio
submarino
España quiere blindar su costa para
evitar otro robo como el ocurrido en el 'Odyssey'
El Correo, 18.01.10 - DANIEL PÉREZ | CÁDIZ.
Era un
secreto a voces. «Sólo en el Golfo de Cádiz hay más oro que en el Banco de
España», dijo hace ya dos décadas el catedrático Manuel Martín Bueno. Lo sabían
aventureros como Robert Max, el arqueólogo norteamericano que cuantificó el
botín hundido en la desembocadura del Guadalquivir en 116.000 millones de
euros. O el investigador Gonzalo Millán del Pozo, que estima que la cifra
supera los 160.000 millones. Lo tenían claro especialistas del prestigio de
Javier Nieto, que denunció en los 70 que buceadores franceses venían de
vacaciones a nuestro país y aprovechaban el vacío legal para saquear los fondos
marinos. Y las 28 empresas que en EE UU se dedican, oficialmente, a «localizar
y rescatar pecios». Lo intuían los documentalistas del Archivo de Indias, los
aficionados a las inmersiones superficiales que desde los 60 acumulan
colecciones particulares dignas de cualquier museo, los tasadores, los
compradores y los anticuarios. El litoral era un filón, inmenso y desprotegido.
Se trataba de llegar, sondear las coordenadas, cargar la botella, 'pescar' las
piezas y venderlas, a ser posible, dentro de nuestras fronteras.
Algunos
cazatesoros, como el italiano Claudio Bonifacio, hasta concedían entrevistas, y
posaban tan tranquilos para la foto de primera, bronceados y con gesto
intrépido, emulando a los viejos lobos de mar. Al circuito sólo le faltaban
anuncios en prensa, vallas publicitarias y luces de neón. Reinaba la impunidad.
A
mediados de los 80, el Gobierno dio los primeros y tímidos pasos para atajar el
desavío, incluyendo los yacimientos submarinos en la Ley de Patrimonio
Histórico. En los 90, los Centros de Arqueología Subacuática (Cataluña,
Cartagena, Andalucía) se convirtieron en las primeras entidades especializadas
en la investigación histórica de los fondos. Contaban con el personal mínimo y
los medios justos. Pero entonces llegó el 'Odyssey', amarró en Gibraltar, con
las tripas llenas de oro, y España entera se enteró de lo sencillo que podía
resultar saquear 500 millones de dólares en las mismas narices de las
instituciones, mientras las imágenes de dos señores barbudos y felices,
rodeados de brillantes monedas, como en la mismísima cueva de Alí Babá, daban
la vuelta al mundo para escarnio nacional.
Ninguna
administración pública reconoce abiertamente que la vergonzosa resaca del 'Caso
Odyssey' ha espoleado la investigación y protección del patrimonio sumergido,
pero los hechos no dejan lugar a dudas. La defensa de ese caudal enfangado en
el légamo de 30 siglos de historia de la navegación se mueve en dos ámbitos
distintos. Mientras el Gobierno pelea en Tampa con la compleja jurisprudencia
americana para ver si logra resarcirse del golpe económico y moral del 'Nuestra
Señora de las Mercedes', en España se concretan nuevas leyes y se afinan otras
viejas de cara a evitar que el desastre del 'Odyssey' se repita.
Hacer
un inventario
Andalucía
ha sido la primera comunidad autónoma en aplicar un régimen de protección jurídica
a los enclaves arqueológicos subacuáticos. Son 56 'puntos calientes', a los que
hay que sumar otros 42 considerados zonas de servidumbre, donde se presupone la
existencia de pecios, aunque no haya evidencias científicas que lo confirmen. Su
inclusión en 2009 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, obliga a
obtener una autorización para realizar cualquier tipo de obra o intervención
(construcción de gaseoductos y puertos, dragados, parques eólicos) en los
parajes afectados.
Carmen
García de Rivera, directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz,
califica como «un paso de gigante, fruto de muchos años de investigaciones y
esfuerzos», cuya finalidad no es exclusivamente «proteger los yacimientos de
asaltos premeditados, sino también de los daños que les pueden ocasionar
actividades lícitas». No obstante, reconoce que hasta el momento «sólo se ha
catalogado una mínima parte del patrimonio sumergido», porque su investigación,
recuperación y protección está dejando ahora de ser la hermana menor de la
arqueología terrestre.
Su
homólogo catalán Javier Nieto admite la importancia de una normativa que
ayudará a «superar el retraso que, durante más de treinta años, hemos sufrido
en este campo frente a países como Italia, que creó sus propias infraestructuras
especializadas a finales de los 50».
Quedan,
todavía, muchos vacíos por cubrir: en la cornisa cantábrica existen grupos de
trabajo en Santander y San Sebastián, que quizá puedan ser embriones de otras
realidades, y las comunidades autónomas insulares, como Canarias y Baleares,
todavía carecen de centros gestionados por expertos. Nieto también avisa de que
«no podía resultar completamente efectivo aplicar los mismos criterios a los
yacimientos acuáticos que a los terrestres, porque el patrimonio sumergido
tiene sus propias particularidades». «De entrada, el cuerpo legal de las leyes
del mar no es el mismo que el de las leyes del suelo, por no hablar de la
problemática técnica añadida que tiene la excavación, vigilancia y protección
de estos yacimientos».
De ahí
la aprobación, en noviembre de 2007, de un Plan Nacional de Protección del
Patrimonio Arqueológico Subacuático, cuya consecuencia más mediática fue la
reciente firma de un convenio entre Cultura y Defensa para que la Armada ponga
a disposición de estos objetivos sus buques y unidades de buceo.
La
batalla entre expoliadores y defensores del patrimonio sumergido ha estado
siempre condicionada por una clara descompensación. Cuando, en junio de 2006,
la Guardia Civil presentó el material incautado en la 'Operación Bahía', quedó
patente que muy poquito podía hacerse (salvo meritorias excepciones) contra
redes organizadas que utilizaban sofisticados equipos de sensores de barrido
lateral, escáners que emitían ondas acústicas sensibles a los relieves del
fondo marino, magnetómetros que localizaban masas de hierro, detectores de
metales de uso militar y hasta dispositivos portátiles capaces de distinguir, a
distancia, el oro, la plata y el bronce.
Los
especialistas del 'Odyssey', además de con un presupuesto que ya querrían para
sí muchos proyectos oficiales de localización y documentación de pecios,
contaban con un prototipo de robot ROV Hércules de 16 toneladas, capaz de
remover por control remoto el fondo marino y dar la señal de alarma en cuanto
se topara con los primeros restos de cualquier naufragio de cierta entidad. Frente
a ellos, al margen de las pesquisas que en tierra realiza la Guardia Civil
(sobre todo relacionadas con la falsificación de permisos), los investigadores
no tienen ni siquiera un barco propio.
Revolución
tecnológica
Pero,
¿cómo se preservan los restos de un barco hundido una vez que se han
localizado? La gran esperanza de los arqueólogos pasa por la aplicación de
tecnología de vanguardia, como la que han desarrollado los investigadores
gaditanos de Aula 3. El Proyecto Almenara pasa por ser el primer sistema global
que permite «proteger cualquier pecio de bandera española, independientemente
de dónde esté sumergido, de la acción de piratas o curiosos». Desde La Caleta,
al Caribe. Se trata de un software específico que utiliza la comunicación
satelital para «avisar a las autoridades cada vez que alguien se acerca a una
determinada distancia perimetral del yacimiento localizado», según explica
Antonio Villalpando, uno de los padres de la idea.
Otra
empresa pionera en la materia es la malagueña Nerea Arqueología Subacuática,
dirigida por Javier Noriega, que está embarcada en un proyecto del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil: el Sistema de Vigilancia de Yacimientos
Arqueológicos Subacuáticos Por Satélite. Noriega está convencido de que «vamos
a vivir una auténtica revolución en el sector, ya que las nuevas tecnologías
nos ofrecen grandes posibilidades, y éste es un campo inexplorado».
Todo,
en fin, para que la imagen de un país que vive de espaldas a la importancia de
su patrimonio sumergido sea pronto parte de la historia.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20100118/cultura/guerra-expolio-submarino-20100118.html
